LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN SURAMÉRICA. LA PRENSA ESTORBA AL EJE BOLIVARIANO.
UN MATRIMONIO GOBIERNA LA ARGENTINA. INSOLITO.
La 'ley mordaza' de los Kirchner
El matrimonio presidencial argentino maniobra para controlar los medios - La guerra al grupo Clarín deriva en una batalla contra todo el sectorSOLEDAD GALLEGO-DÍAZ - Buenos Aires - 07/09/2009VotaResultado 23 votosComentarios - 13 Los Kirchner se han lanzado en Argentina a una dura batalla contra el principal grupo de comunicación del país, Clarín. Acaban de presentar un proyecto de ley que afecta a los intereses de ese grupo y, de paso, otorga al Gobierno un mayor control sobre todos los medios privados de televisión y de radio, y sobre sus contenidos.La prensa estorba al eje bolivarianoNéstor Kirchner A FONDONacimiento:25-02-1950Lugar:Río Gallegos - Santa CruzCristina Fernández de KirchnerA FONDONacimiento:19-02-1953Lugar:La Plata, provincia de Buenos AiresArgentinaA FONDOCapital:Buenos Aires.Gobierno:República.Población:40.482 millones (est. 2008)Ver cobertura completa-->La noticia en otros webswebs en españolen otros idiomasEn todas las ocasiones, los intentos para aumentar el control o, directamente, de acallar a determinados medios de comunicación latinoamericanos han coincidido con actitudes fuertemente críticas de esos grupos de comunicación, lo que invalida los llamamientos presidenciales a la defensa de ?la información veraz? y la ?auténtica libertad de expresión?. ?Históricamente, los movimientos populistas de la región han mantenido relaciones conflictivas con los grandes medios de comunicación?, escribe el comentarista argentino Julio Brudman, ?porque tarde o temprano esos medios dejan de apoyar a esos Gobiernos, bien sea porque ya no aprecian sus políticas populistas o, simplemente, porque interpretan el creciente malhumor de la opinión pública?.El primer día de debate en el Congreso argentino, el pasado jueves, fue tumultuoso, con gritos y hasta empujones. Los kirchneristas tienen prisa para lograr que la ley se apruebe antes de que tomen posesión, en diciembre, los nuevos diputados que ganaron las elecciones parciales de junio. La oposición, por el contrario, intenta retrasar el proceso, y confía en que el Senado dé carpetazo a un proyecto que califica de fuertemente estatalista.La batalla se inició con la repentina decisión de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de suspender su contrato con el grupo Clarín por los derechos de televisión del fútbol de primera división. La AFA firmó a toda prisa un nuevo acuerdo con el Gobierno por el que los partidos pasaron a retransmitirse en abierto por el Canal 7, de propiedad pública. ?Fútbol gratis y para todos?, prometió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque se trata de una metáfora porque el fútbol lo pagarán religiosamente todos los argentinos: la asociación cobrará cada año 600 millones de pesos que saldrán, naturalmente, de los impuestos y no del pay per view, como antes. ?En un país con una terrible historia de secuestros, se ha acabado el secuestro de los goles?, afirmó la presidenta, para estupefacción de los supervivientes de la dictadura militar.El segundo acto fue la presentación del nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un largo texto de 168 artículos, que prohíbe que un mismo dueño pueda tener un canal de televisión en abierto y otro por cable en la misma zona, que se supere el 35% de la audiencia y que se disponga de más de 10 licencias de radio en todo el país (24 en el caso de televisión por cable). La primera consecuencia sería que el grupo Clarín se vería obligado a desprenderse de su televisión en abierto o a dejar de lado el negocio del cable. ?Cuidado, la libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa?, explicó confusamente la presidenta.Lo que debería haber sido una ley que se limitara a dar un nuevo marco legal a la comunicación audiovisual, ampliara el número de licencias de televisión en abierto e incorporara medidas consensuadas para regular una eventual concentración excesiva, se convirtió en una ley anti-Clarín, de carácter fuertemente estatalista, que dibuja un sector privado atomizado y dependiente de la renovación más o menos arbitraria de las licencias, válidas exclusivamente para 10 años. ?Esta ley crearía un sistema basado totalmente en la discrecionalidad política. Nace de un Gobierno que no está legitimado para reclamar transparencia porque él mismo es extraordinariamente opaco y puede ser refrendada por un Parlamento que ya no representa la voluntad popular, porque las elecciones diseñaron una nueva situación?, advierte Ricardo Kirschbaum, director del diario Clarín.El proyecto tiene el apoyo de los grupos de izquierda argentinos, entusiasmados con la idea de distribuir las posibles licencias de cable en tres grandes grupos y que sólo uno de ellos corresponda al sector privado. Los otros dos se reservarán para los poderes públicos y para los distintos grupos sociales, desde agrupaciones vecinales a universidades, grupos religiosos o comunidades indígenas. En la práctica, afirma Kirschbaum, esa pretendida pluralidad de voces no será tal, porque estará también controlada por el Gobierno, dueño de las licencias y de las subvenciones.En su afán por demostrar que se trata de una regulación ideológicamente inspirada en la izquierda, los Kirchner explicaron que el proyecto de ley ha sido ya discutido en 24 foros públicos y 80 ?charlas-debate? por todo el país, gracias a lo cual se incorporaron al texto 139 ?nuevas aportaciones?, firmadas desde la agrupación vecinal Comandante Andresito hasta el grupo estudiantil El Andamio, pasando por facultades de comunicación, grupos feministas, religiosos e indígenas.La propuesta afecta igualmente a las emisoras de radio ?el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS, dispone actualmente de 10 licencias? que han expresado también su protesta. ?Esta ley?, afirma la Asociación de Radiodifusión Argentina, ?consagra el fuerte control del Gobierno de turno sobre los medios privados y sus contenidos, afecta a la seguridad jurídica de los actuales licenciatarios, genera un sistema dependiente del Estado y otorga un poder discrecional al Ejecutivo?.
Venezuela cerrará otras 29 emisoras de radioEl Gobierno de Hugo Chávez anuncia además la apertura de un nuevo proceso sancionador contra GlobovisiónAGENCIAS / ELPAÍS.com - Caracas / Madrid - 06/09/2009VotaResultado 95 votosEl Gobierno de Venezuela ha dado un nuevo paso en su política de "regularización" del espectro radioeléctrico. El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, ha anunciado el cierre de 29 emisoras de radio y la apertura de un proceso administrativo sancionador contra la cadena privada opositora Globovisión.Un centenar de ciudades acogen protestas contra Hugo ChávezChávez cierra 34 emisoras de radio venezolanas críticas con su políticaChávez prepara una 'ley mordaza' para castigar a la prensa críticaPartidarios de Chávez atacan los estudios de una televisión opositoraHugo ChávezA FONDONacimiento:28-07-1954Lugar:SabanetaVenezuelaA FONDOCapital:Caracas.Gobierno:República.Población:26,414,815 (est. 2008)Ver cobertura completa-->La noticia en otros webswebs en españolen otros idiomasEsta nueva tanda de cierres se suma a la anunciada a principios del pasado mes de agosto, cuando el Consejo Nacional de Telecomunicaciones decidió cortar las emisiones de 34 radios . "Con la acción de las primeras 34 emisoras de radio para democratizar el espectro dijeron que nos asustamos, pues ya hay 29 más que saldrán dentro de poco", señaló Cabello este sábado, informa el diario venezolano El Universal en su página de Internet.Respecto a Globovisión, a la que el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha amenazado con cerrar, el ministro de Obras Públicas y Vivienda ha hecho pública la apertura de un proceso administrativo sancionador contra la cadena por emitir mensajes de texto enviados por los telespectadores que "llaman al golpe de estado y al magnicidio". Con el nuevo expediente son ya cinco los procesos abiertos contra Globovisión, de los cuales dos podrían acarrearle la retirada del permiso de emisión que otorga el Gobierno.Tras las declaraciones de Cabello, la asociación de radiodifusores Somos Radio ha denunciado en un comunicado que el cierre de medios de comunicación cercena derechos fundamentales como el derecho al empleo, el derecho a la libertad de expresión y de elección, y mostró su preocupación ante la amenaza de más cierres.La lucha por la libertad de expresión en SuraméricaLa prensa estorba al eje bolivarianoEl acoso contra los medios se agrava en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua - La censura y las amenazas a los periodistas disparan las alarmas en la regiónMAITE RICO - Madrid - 07/09/2009VotaResultado 50 votosComentarios - 55 Ocurrió el jueves en Santa Cruz, la capital del oriente boliviano. Dos reporteros de la cadena de televisión Unitel filmaban la detención de un agricultor en pleitos de tierras con el Estado. Un grupo armado lo trasladaba, maniatado y encapuchado, al aeropuerto, para enviarlo a La Paz. Los dos periodistas seguían al convoy, hasta que una de las furgonetas embistió su vehículo. Tres hombres de paisano los obligaron a bajar, los golpearon y ametrallaron la cámara, que se llevaron consigo, destrozada. Los reporteros identificaron a los asaltantes como miembros de la unidad de élite de la policía.Masiva marcha por el derecho de protesta en CaracasLa 'ley mordaza' de los KirchnerLa noticia en otros webswebs en españolen otros idiomas"Se toman medidas para asfixiar a la prensa", explica el presidente de la SIPSe trata del más reciente de los incidentes con los medios que han jalonado el mandato de Evo Morales, cuya alergia a los periodistas es compartida por sus aliados bolivarianos. Este mismo sábado, el Gobierno venezolano anunciaba la clausura de 29 emisoras de radio -que se unirán a las 34 ya cerradas en agosto- y nuevas sanciones contra la asediada Globovisión. También el canal ecuatoriano Teleamazonas y varias radios podrían tener los días contados si prospera la cancelación de licencias exigida el domingo pasado por el presidente Rafael Correa. Y en Managua, Daniel Ortega arremetía ayer de nuevo contra los periodistas, acusándolos de servir "a los enemigos del pueblo".La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a 1.300 publicaciones del continente, ha dado la voz de alarma. "En los tres últimos años se está imponiendo un patrón de acoso sistemático a los medios independientes en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y, en menor grado, Argentina", explica desde Bogotá Enrique Santos, presidente de la SIP. "Los presidentes emplean contra ellos un lenguaje agresivo y beligerante, ligándolos a complós, minando su credibilidad. Todo ello acompañado de medidas específicas para asfixiarles".En otros lugares, como México, Centroamérica, Brasil o Colombia, la violencia contra los periodistas está ligada sobre todo al crimen organizado o la corrupción. Lo preocupante con Hugo Chávez y sus aliados, insiste la SIP, es que se han embarcado en una ofensiva de Estado contra la libertad de expresión.Da la impresión de que la prensa estorba al Socialismo del Siglo XXI. Los medios, afirman los dirigentes bolivarianos, responden a "intereses de la oligarquía y el imperialismo" y "tergiversan la realidad". "Hay una serie de vicios que tiene la prensa, que son un atentado a los intentos de cambio para bien de nuestra América", declaraba recientemente Rafael Correa, que ha anunciado que, desde la presidencia de turno de Unasur, propondrá un organismo regional para "vigilar" a los medios.¿Tienen algún fundamento esas denuncias? ¿Está la prensa demasiado "politizada"?"En Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua vivimos un proceso de polarización extrema, y es inevitable que eso se refleje en los medios", asegura Marco Dipp, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia. Además, la falta de una oposición articulada y la fragilidad institucional han convertido a la prensa "en uno de los principales instrumentos de fiscalización del poder". Y eso tiene sus riesgos."Claro que hay errores y excesos", afirma Enrique Santos, pero son parte "de la dinámica de la libertad de información, de la lucha de opinión. Para eso están los instrumentos legales". Sin embargo, las acciones emprendidas por los mandatarios bolivarianos van mucho más allá de los roces tradicionales entre el poder y los medios, y apuntan a una estrategia de control de la información y limitación de la libertad de prensa.Una estrategia que repite el mismo esquema: empieza con insultos y descalificaciones, sigue con agresiones físicas por parte de grupos de choque oficialistas (sobre todo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua), acoso judicial, medidas de asfixia (como el reparto de pautas publicitarias o los impuestos al papel fijados en Ecuador) y el cierre de medios. Simultáneamente, estos Gobiernos, denuncia la SIP, están conformando poderosas redes de prensa con fondos públicos para usarlos como aparato de propaganda.Venezuela marca la pauta. La clausura de Radio Caracas Televisión y de 34 emisoras, el acoso a Globovisión o la "ley mordaza" que el Gobierno coló en la reciente de ley de educación, generan un panorama de paulatino silenciamiento de los medios.Rafael Correa se ha convertido en el alumno más aventajado de Chávez. Desde su programa semanal de radio, a imagen del Aló, Presidente, recomienda cosas como esta: "Apaguemos el televisor y tengamos la mente limpia. No es necesario leer periódicos". "Nunca antes un presidente había convertido a la prensa en su principal enemigo", dice Emilio Palacio, editor de Opinión del diario El Universo, en la mira del Gobierno.Correa apuntaba maneras cuando en 2007 se refirió a una reconocida periodista ecuatoriana como "gordita horrorosa", porque le había hecho unas preguntas que le incomodaron. De los insultos pasó a los hechos y desempolvó una ley expedida durante la dictadura, en 1975, que ha servido para emprender procesos judiciales contra varios medios, algunos por "atentado contra la seguridad nacional". Al mismo tiempo, las autoridades han iniciado un proceso de revisión de las licencias de radio y televisión, como en Venezuela, y ya han advertido que van a caer "algunas vacas sagradas". Los efectos se empiezan a sentir y la autocensura, detecta la SIP, está anidando en muchos medios ecuatorianos.En Bolivia se han registrado 90 agresiones a periodistas en los últimos nueve meses, señala Marco Dipp. "De momento no hay leyes mordaza, pero el temor es que, después de las elecciones de diciembre, se incluyan en la anunciada reforma judicial". Evo Morales ha suspendido las conferencias de prensa y sometido a escarnio público a algunos reporteros. "Sólo el 10% de los periodistas son dignos", ha dicho. El resto, miente. "¿Diremos la verdad si hablamos bien del Gobierno?", se pregunta la periodista Silvia Padilla.Su homólogo Daniel Ortega no se queda atrás. Según la SIP, el Gobierno ha concentrado pautas publicitarias en medios de comunicación pertenecientes a la familia del presidente, además de recurrir a un poder judicial controlado por el sandinismo para asediar a los periodistas incómodos, como Carlos Fernando Chamorro. Otra veces son las turbas oficialistas las encargadas de poner orden a base de asaltos y palizas.
La oposición denuncia que quien critica a Chávez es criminalizado en VenezuelaDisminuir tamaño del textoAumentar tamaño del textoEn Venezuela hay 2.200 procesados por protestar contra ChávezLUDMILA VINOGRADOFF CARACASActualizado Martes, 01-09-09 a las 23:11“Terrorismo de Estado”, “fusilamiento judicial”, “acoso y persecución” contra los dirigentes opositores y todo aquel que critique al gobierno de Hugo Chávez, que se resume en “criminalizar las protestas”, es lo que denunciaron hoy los representantes de la Mesa Democrática, que agrupa a los partidos políticos de la oposición.Cumpliendo órdenes del mandatario, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha anunciado que enjuiciará a los responsables de las marchas de protestas que alteren la paz pública o terminen en violencia como la ocurrida el pasado sábado 22 de agosto cuando las fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos la manifestación convocada contra la nueva ley de educación.Así, han detenido y encarcelado al prefecto de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Richard Blanco, presidente del partido Alianza Bravo al Pueblo, fundado por el alcalde Antonio Ledezma. También once trabajadores del ayuntamiento se encuentran tras las rejas, además han ordenado capturar al concejal Oscar Pérez, por organizar las marchas, quien todavía no se ha entregado a las autoridades chavistas.El chavista Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de Caracas, ha negado que se esté limitando la libertad de protesta de los ciudadanos y aseguró que este derecho está garantizado mientras no se pretenda subvertir el orden y tranquilidad.Rodríguez aseguró que Richard Blanco fue encarcelado por agredir presuntamente a un policía cuando en realidad, según vídeos grabados, muestran al prefecto salvando a un agente policial infiltrado en la marcha opositora.El presidente Chávez afirmó el domingo pasado a los corresponsales extranjeros que él no perseguía ni encarcelaba a nadie por pensar distinto. Sin embargo, muchos políticos han tenido que salir del país por sus amenazas públicas de “meterlos presos” como es el caso del ex gobernador del Zulia y alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, quien tuvo que asilarse en Perú.Este domingo el mandatario también amenazó con encarcelar al gobernador del Táchira, César Pérez Vivas, por defender las protestas contra la ley de educación. “Deje de amenazarme y venga a meterme preso, si es tan macho¡”, exclamó el gobernador.En Venezuela hay unos 39 presos políticos, que están tras las rejas sin juicio desde hace 2, 4 y 5 años, por diferentes motivos. La ONG, Provea, sostiene que hay 2.200 venezolanos que se encuentran sometidos a procesos penales por protestar o “expresar su inconformidad” con el régimen.El portavoz de Provea, Marino Alvaro, dijo que la cifra de 2.200 personas afectadas fue obtenida en el Ministerio Público, en las organizaciones sindicales y campesinas. “La Fiscal General genera una situación de riesgo político, porque cuando le cierras las puertas democráticas a los sectores críticos esto crea condiciones favorables para quienes siempre buscan la violencia”.Las marchas continúanEn la rueda de prensa convocada por la Mesa Democrática, Antonio Ledezma, señaló que “toda esta escalada lo que busca es violentar las vías pacíficas y constitucionales que nos ofrece la Carta Magna”. En su opinión en Venezuela “se está desarrollando un terrorismo de Estado. El gobierno busca criminalizar la protesta”.Dijo que la “marcha mundial” contra Chávez, convocada a través de Facebook y Twiter para el viernes 4, tendrá su capítulo caraqueño en el Parque Cristal de la avenida Francisco de Miranda. “Y será clausurada el sábado 5 con la marcha que estamos convocando hasta la sede de la Fiscalía General para protestar contra la represión y las leyes socialistas”.Henry Ramos Allup, secretario general del principal partido de la oposición, Acción Democrática, dijo que “todos los venezolanos estamos amenazados”. “La responsabilidad de las marchas las estamos asumiendo colectivamente”.Dijo que han solicitado la cooperación de los partidos socialdemócratas como el PSOE de España, de República Dominicana, de Chile, de Francia, de Grecia, de Argentina y de la Internacional Socialista para que vengan a Caracas a observar las marchas de protesta.“Estamos preparados para resistir y enfrentar la represión y el odio. A ver si puede el pelotón de fusilamiento contra 25 jefes políticos que vamos a encabezar la marcha. No nos rendimos. No tenemos miedo. Aquí está prohibido tener miedo y prohibido olvidar a los presos políticos”, dijo Ramos.Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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La 'ley mordaza' de los Kirchner
El matrimonio presidencial argentino maniobra para controlar los medios - La guerra al grupo Clarín deriva en una batalla contra todo el sectorSOLEDAD GALLEGO-DÍAZ - Buenos Aires - 07/09/2009VotaResultado 23 votosComentarios - 13 Los Kirchner se han lanzado en Argentina a una dura batalla contra el principal grupo de comunicación del país, Clarín. Acaban de presentar un proyecto de ley que afecta a los intereses de ese grupo y, de paso, otorga al Gobierno un mayor control sobre todos los medios privados de televisión y de radio, y sobre sus contenidos.La prensa estorba al eje bolivarianoNéstor Kirchner A FONDONacimiento:25-02-1950Lugar:Río Gallegos - Santa CruzCristina Fernández de KirchnerA FONDONacimiento:19-02-1953Lugar:La Plata, provincia de Buenos AiresArgentinaA FONDOCapital:Buenos Aires.Gobierno:República.Población:40.482 millones (est. 2008)Ver cobertura completa-->La noticia en otros webswebs en españolen otros idiomasEn todas las ocasiones, los intentos para aumentar el control o, directamente, de acallar a determinados medios de comunicación latinoamericanos han coincidido con actitudes fuertemente críticas de esos grupos de comunicación, lo que invalida los llamamientos presidenciales a la defensa de ?la información veraz? y la ?auténtica libertad de expresión?. ?Históricamente, los movimientos populistas de la región han mantenido relaciones conflictivas con los grandes medios de comunicación?, escribe el comentarista argentino Julio Brudman, ?porque tarde o temprano esos medios dejan de apoyar a esos Gobiernos, bien sea porque ya no aprecian sus políticas populistas o, simplemente, porque interpretan el creciente malhumor de la opinión pública?.El primer día de debate en el Congreso argentino, el pasado jueves, fue tumultuoso, con gritos y hasta empujones. Los kirchneristas tienen prisa para lograr que la ley se apruebe antes de que tomen posesión, en diciembre, los nuevos diputados que ganaron las elecciones parciales de junio. La oposición, por el contrario, intenta retrasar el proceso, y confía en que el Senado dé carpetazo a un proyecto que califica de fuertemente estatalista.La batalla se inició con la repentina decisión de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de suspender su contrato con el grupo Clarín por los derechos de televisión del fútbol de primera división. La AFA firmó a toda prisa un nuevo acuerdo con el Gobierno por el que los partidos pasaron a retransmitirse en abierto por el Canal 7, de propiedad pública. ?Fútbol gratis y para todos?, prometió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque se trata de una metáfora porque el fútbol lo pagarán religiosamente todos los argentinos: la asociación cobrará cada año 600 millones de pesos que saldrán, naturalmente, de los impuestos y no del pay per view, como antes. ?En un país con una terrible historia de secuestros, se ha acabado el secuestro de los goles?, afirmó la presidenta, para estupefacción de los supervivientes de la dictadura militar.El segundo acto fue la presentación del nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un largo texto de 168 artículos, que prohíbe que un mismo dueño pueda tener un canal de televisión en abierto y otro por cable en la misma zona, que se supere el 35% de la audiencia y que se disponga de más de 10 licencias de radio en todo el país (24 en el caso de televisión por cable). La primera consecuencia sería que el grupo Clarín se vería obligado a desprenderse de su televisión en abierto o a dejar de lado el negocio del cable. ?Cuidado, la libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa?, explicó confusamente la presidenta.Lo que debería haber sido una ley que se limitara a dar un nuevo marco legal a la comunicación audiovisual, ampliara el número de licencias de televisión en abierto e incorporara medidas consensuadas para regular una eventual concentración excesiva, se convirtió en una ley anti-Clarín, de carácter fuertemente estatalista, que dibuja un sector privado atomizado y dependiente de la renovación más o menos arbitraria de las licencias, válidas exclusivamente para 10 años. ?Esta ley crearía un sistema basado totalmente en la discrecionalidad política. Nace de un Gobierno que no está legitimado para reclamar transparencia porque él mismo es extraordinariamente opaco y puede ser refrendada por un Parlamento que ya no representa la voluntad popular, porque las elecciones diseñaron una nueva situación?, advierte Ricardo Kirschbaum, director del diario Clarín.El proyecto tiene el apoyo de los grupos de izquierda argentinos, entusiasmados con la idea de distribuir las posibles licencias de cable en tres grandes grupos y que sólo uno de ellos corresponda al sector privado. Los otros dos se reservarán para los poderes públicos y para los distintos grupos sociales, desde agrupaciones vecinales a universidades, grupos religiosos o comunidades indígenas. En la práctica, afirma Kirschbaum, esa pretendida pluralidad de voces no será tal, porque estará también controlada por el Gobierno, dueño de las licencias y de las subvenciones.En su afán por demostrar que se trata de una regulación ideológicamente inspirada en la izquierda, los Kirchner explicaron que el proyecto de ley ha sido ya discutido en 24 foros públicos y 80 ?charlas-debate? por todo el país, gracias a lo cual se incorporaron al texto 139 ?nuevas aportaciones?, firmadas desde la agrupación vecinal Comandante Andresito hasta el grupo estudiantil El Andamio, pasando por facultades de comunicación, grupos feministas, religiosos e indígenas.La propuesta afecta igualmente a las emisoras de radio ?el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS, dispone actualmente de 10 licencias? que han expresado también su protesta. ?Esta ley?, afirma la Asociación de Radiodifusión Argentina, ?consagra el fuerte control del Gobierno de turno sobre los medios privados y sus contenidos, afecta a la seguridad jurídica de los actuales licenciatarios, genera un sistema dependiente del Estado y otorga un poder discrecional al Ejecutivo?.
Venezuela cerrará otras 29 emisoras de radioEl Gobierno de Hugo Chávez anuncia además la apertura de un nuevo proceso sancionador contra GlobovisiónAGENCIAS / ELPAÍS.com - Caracas / Madrid - 06/09/2009VotaResultado 95 votosEl Gobierno de Venezuela ha dado un nuevo paso en su política de "regularización" del espectro radioeléctrico. El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, ha anunciado el cierre de 29 emisoras de radio y la apertura de un proceso administrativo sancionador contra la cadena privada opositora Globovisión.Un centenar de ciudades acogen protestas contra Hugo ChávezChávez cierra 34 emisoras de radio venezolanas críticas con su políticaChávez prepara una 'ley mordaza' para castigar a la prensa críticaPartidarios de Chávez atacan los estudios de una televisión opositoraHugo ChávezA FONDONacimiento:28-07-1954Lugar:SabanetaVenezuelaA FONDOCapital:Caracas.Gobierno:República.Población:26,414,815 (est. 2008)Ver cobertura completa-->La noticia en otros webswebs en españolen otros idiomasEsta nueva tanda de cierres se suma a la anunciada a principios del pasado mes de agosto, cuando el Consejo Nacional de Telecomunicaciones decidió cortar las emisiones de 34 radios . "Con la acción de las primeras 34 emisoras de radio para democratizar el espectro dijeron que nos asustamos, pues ya hay 29 más que saldrán dentro de poco", señaló Cabello este sábado, informa el diario venezolano El Universal en su página de Internet.Respecto a Globovisión, a la que el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha amenazado con cerrar, el ministro de Obras Públicas y Vivienda ha hecho pública la apertura de un proceso administrativo sancionador contra la cadena por emitir mensajes de texto enviados por los telespectadores que "llaman al golpe de estado y al magnicidio". Con el nuevo expediente son ya cinco los procesos abiertos contra Globovisión, de los cuales dos podrían acarrearle la retirada del permiso de emisión que otorga el Gobierno.Tras las declaraciones de Cabello, la asociación de radiodifusores Somos Radio ha denunciado en un comunicado que el cierre de medios de comunicación cercena derechos fundamentales como el derecho al empleo, el derecho a la libertad de expresión y de elección, y mostró su preocupación ante la amenaza de más cierres.La lucha por la libertad de expresión en SuraméricaLa prensa estorba al eje bolivarianoEl acoso contra los medios se agrava en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua - La censura y las amenazas a los periodistas disparan las alarmas en la regiónMAITE RICO - Madrid - 07/09/2009VotaResultado 50 votosComentarios - 55 Ocurrió el jueves en Santa Cruz, la capital del oriente boliviano. Dos reporteros de la cadena de televisión Unitel filmaban la detención de un agricultor en pleitos de tierras con el Estado. Un grupo armado lo trasladaba, maniatado y encapuchado, al aeropuerto, para enviarlo a La Paz. Los dos periodistas seguían al convoy, hasta que una de las furgonetas embistió su vehículo. Tres hombres de paisano los obligaron a bajar, los golpearon y ametrallaron la cámara, que se llevaron consigo, destrozada. Los reporteros identificaron a los asaltantes como miembros de la unidad de élite de la policía.Masiva marcha por el derecho de protesta en CaracasLa 'ley mordaza' de los KirchnerLa noticia en otros webswebs en españolen otros idiomas"Se toman medidas para asfixiar a la prensa", explica el presidente de la SIPSe trata del más reciente de los incidentes con los medios que han jalonado el mandato de Evo Morales, cuya alergia a los periodistas es compartida por sus aliados bolivarianos. Este mismo sábado, el Gobierno venezolano anunciaba la clausura de 29 emisoras de radio -que se unirán a las 34 ya cerradas en agosto- y nuevas sanciones contra la asediada Globovisión. También el canal ecuatoriano Teleamazonas y varias radios podrían tener los días contados si prospera la cancelación de licencias exigida el domingo pasado por el presidente Rafael Correa. Y en Managua, Daniel Ortega arremetía ayer de nuevo contra los periodistas, acusándolos de servir "a los enemigos del pueblo".La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a 1.300 publicaciones del continente, ha dado la voz de alarma. "En los tres últimos años se está imponiendo un patrón de acoso sistemático a los medios independientes en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y, en menor grado, Argentina", explica desde Bogotá Enrique Santos, presidente de la SIP. "Los presidentes emplean contra ellos un lenguaje agresivo y beligerante, ligándolos a complós, minando su credibilidad. Todo ello acompañado de medidas específicas para asfixiarles".En otros lugares, como México, Centroamérica, Brasil o Colombia, la violencia contra los periodistas está ligada sobre todo al crimen organizado o la corrupción. Lo preocupante con Hugo Chávez y sus aliados, insiste la SIP, es que se han embarcado en una ofensiva de Estado contra la libertad de expresión.Da la impresión de que la prensa estorba al Socialismo del Siglo XXI. Los medios, afirman los dirigentes bolivarianos, responden a "intereses de la oligarquía y el imperialismo" y "tergiversan la realidad". "Hay una serie de vicios que tiene la prensa, que son un atentado a los intentos de cambio para bien de nuestra América", declaraba recientemente Rafael Correa, que ha anunciado que, desde la presidencia de turno de Unasur, propondrá un organismo regional para "vigilar" a los medios.¿Tienen algún fundamento esas denuncias? ¿Está la prensa demasiado "politizada"?"En Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua vivimos un proceso de polarización extrema, y es inevitable que eso se refleje en los medios", asegura Marco Dipp, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia. Además, la falta de una oposición articulada y la fragilidad institucional han convertido a la prensa "en uno de los principales instrumentos de fiscalización del poder". Y eso tiene sus riesgos."Claro que hay errores y excesos", afirma Enrique Santos, pero son parte "de la dinámica de la libertad de información, de la lucha de opinión. Para eso están los instrumentos legales". Sin embargo, las acciones emprendidas por los mandatarios bolivarianos van mucho más allá de los roces tradicionales entre el poder y los medios, y apuntan a una estrategia de control de la información y limitación de la libertad de prensa.Una estrategia que repite el mismo esquema: empieza con insultos y descalificaciones, sigue con agresiones físicas por parte de grupos de choque oficialistas (sobre todo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua), acoso judicial, medidas de asfixia (como el reparto de pautas publicitarias o los impuestos al papel fijados en Ecuador) y el cierre de medios. Simultáneamente, estos Gobiernos, denuncia la SIP, están conformando poderosas redes de prensa con fondos públicos para usarlos como aparato de propaganda.Venezuela marca la pauta. La clausura de Radio Caracas Televisión y de 34 emisoras, el acoso a Globovisión o la "ley mordaza" que el Gobierno coló en la reciente de ley de educación, generan un panorama de paulatino silenciamiento de los medios.Rafael Correa se ha convertido en el alumno más aventajado de Chávez. Desde su programa semanal de radio, a imagen del Aló, Presidente, recomienda cosas como esta: "Apaguemos el televisor y tengamos la mente limpia. No es necesario leer periódicos". "Nunca antes un presidente había convertido a la prensa en su principal enemigo", dice Emilio Palacio, editor de Opinión del diario El Universo, en la mira del Gobierno.Correa apuntaba maneras cuando en 2007 se refirió a una reconocida periodista ecuatoriana como "gordita horrorosa", porque le había hecho unas preguntas que le incomodaron. De los insultos pasó a los hechos y desempolvó una ley expedida durante la dictadura, en 1975, que ha servido para emprender procesos judiciales contra varios medios, algunos por "atentado contra la seguridad nacional". Al mismo tiempo, las autoridades han iniciado un proceso de revisión de las licencias de radio y televisión, como en Venezuela, y ya han advertido que van a caer "algunas vacas sagradas". Los efectos se empiezan a sentir y la autocensura, detecta la SIP, está anidando en muchos medios ecuatorianos.En Bolivia se han registrado 90 agresiones a periodistas en los últimos nueve meses, señala Marco Dipp. "De momento no hay leyes mordaza, pero el temor es que, después de las elecciones de diciembre, se incluyan en la anunciada reforma judicial". Evo Morales ha suspendido las conferencias de prensa y sometido a escarnio público a algunos reporteros. "Sólo el 10% de los periodistas son dignos", ha dicho. El resto, miente. "¿Diremos la verdad si hablamos bien del Gobierno?", se pregunta la periodista Silvia Padilla.Su homólogo Daniel Ortega no se queda atrás. Según la SIP, el Gobierno ha concentrado pautas publicitarias en medios de comunicación pertenecientes a la familia del presidente, además de recurrir a un poder judicial controlado por el sandinismo para asediar a los periodistas incómodos, como Carlos Fernando Chamorro. Otra veces son las turbas oficialistas las encargadas de poner orden a base de asaltos y palizas.
La oposición denuncia que quien critica a Chávez es criminalizado en VenezuelaDisminuir tamaño del textoAumentar tamaño del textoEn Venezuela hay 2.200 procesados por protestar contra ChávezLUDMILA VINOGRADOFF CARACASActualizado Martes, 01-09-09 a las 23:11“Terrorismo de Estado”, “fusilamiento judicial”, “acoso y persecución” contra los dirigentes opositores y todo aquel que critique al gobierno de Hugo Chávez, que se resume en “criminalizar las protestas”, es lo que denunciaron hoy los representantes de la Mesa Democrática, que agrupa a los partidos políticos de la oposición.Cumpliendo órdenes del mandatario, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha anunciado que enjuiciará a los responsables de las marchas de protestas que alteren la paz pública o terminen en violencia como la ocurrida el pasado sábado 22 de agosto cuando las fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos la manifestación convocada contra la nueva ley de educación.Así, han detenido y encarcelado al prefecto de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Richard Blanco, presidente del partido Alianza Bravo al Pueblo, fundado por el alcalde Antonio Ledezma. También once trabajadores del ayuntamiento se encuentran tras las rejas, además han ordenado capturar al concejal Oscar Pérez, por organizar las marchas, quien todavía no se ha entregado a las autoridades chavistas.El chavista Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de Caracas, ha negado que se esté limitando la libertad de protesta de los ciudadanos y aseguró que este derecho está garantizado mientras no se pretenda subvertir el orden y tranquilidad.Rodríguez aseguró que Richard Blanco fue encarcelado por agredir presuntamente a un policía cuando en realidad, según vídeos grabados, muestran al prefecto salvando a un agente policial infiltrado en la marcha opositora.El presidente Chávez afirmó el domingo pasado a los corresponsales extranjeros que él no perseguía ni encarcelaba a nadie por pensar distinto. Sin embargo, muchos políticos han tenido que salir del país por sus amenazas públicas de “meterlos presos” como es el caso del ex gobernador del Zulia y alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, quien tuvo que asilarse en Perú.Este domingo el mandatario también amenazó con encarcelar al gobernador del Táchira, César Pérez Vivas, por defender las protestas contra la ley de educación. “Deje de amenazarme y venga a meterme preso, si es tan macho¡”, exclamó el gobernador.En Venezuela hay unos 39 presos políticos, que están tras las rejas sin juicio desde hace 2, 4 y 5 años, por diferentes motivos. La ONG, Provea, sostiene que hay 2.200 venezolanos que se encuentran sometidos a procesos penales por protestar o “expresar su inconformidad” con el régimen.El portavoz de Provea, Marino Alvaro, dijo que la cifra de 2.200 personas afectadas fue obtenida en el Ministerio Público, en las organizaciones sindicales y campesinas. “La Fiscal General genera una situación de riesgo político, porque cuando le cierras las puertas democráticas a los sectores críticos esto crea condiciones favorables para quienes siempre buscan la violencia”.Las marchas continúanEn la rueda de prensa convocada por la Mesa Democrática, Antonio Ledezma, señaló que “toda esta escalada lo que busca es violentar las vías pacíficas y constitucionales que nos ofrece la Carta Magna”. En su opinión en Venezuela “se está desarrollando un terrorismo de Estado. El gobierno busca criminalizar la protesta”.Dijo que la “marcha mundial” contra Chávez, convocada a través de Facebook y Twiter para el viernes 4, tendrá su capítulo caraqueño en el Parque Cristal de la avenida Francisco de Miranda. “Y será clausurada el sábado 5 con la marcha que estamos convocando hasta la sede de la Fiscalía General para protestar contra la represión y las leyes socialistas”.Henry Ramos Allup, secretario general del principal partido de la oposición, Acción Democrática, dijo que “todos los venezolanos estamos amenazados”. “La responsabilidad de las marchas las estamos asumiendo colectivamente”.Dijo que han solicitado la cooperación de los partidos socialdemócratas como el PSOE de España, de República Dominicana, de Chile, de Francia, de Grecia, de Argentina y de la Internacional Socialista para que vengan a Caracas a observar las marchas de protesta.“Estamos preparados para resistir y enfrentar la represión y el odio. A ver si puede el pelotón de fusilamiento contra 25 jefes políticos que vamos a encabezar la marcha. No nos rendimos. No tenemos miedo. Aquí está prohibido tener miedo y prohibido olvidar a los presos políticos”, dijo Ramos.Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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